La invasión competencial de la nueva Ley de Suelo queda fuera de debate al votar a favor del texto todos los grupos nacionalistas.
Aprobada una enmienda socialista para blindar la protección de los espacios naturales del urbanismo especulativo.
El Proyecto de Ley de Suelo, que hoy se debatía en la Comisión de Vivienda del Senado, ha vuelto a superar otro trámite parlamentario al ser respaldado por todos los grupos de la Cámara, a excepción del Partido Popular que, de nuevo, vuelve a quedarse solo.
Además, en la Comisión de Vivienda que se ha celebrado hoy en el Senado, el grupo parlamentario CiU ha retirado el veto al Proyecto de Ley de Suelo y las enmiendas presentadas en esta Cámara. La futura Ley de Suelo por tanto, llegará al Pleno del Senado con la única oposición del Partido Popular cuyo veto presentado ha sido rechazado por todos los grupos.
Con el debate y las votaciones que se han celebrado hoy en el seno de la Comisión de Vivienda del Senado se pone de manifiesto por tanto el espíritu de consenso de esta nueva Ley de Suelo que, desde el inicio, ha defendido la Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.
Significativo es también en relación a la materia competencial de la Ley de Suelo que todos los grupos de la Cámara, incluidos los partidos nacionalistas, hayan respaldado hoy en el Senado el Proyecto de Ley.
Una futura Ley de Suelo que la Ministra de Vivienda resumidó en tres grandes objetivos en el Congreso de los Diputados hace un mes: transparencia y control, en primer lugar; en segundo lugar, urbanismo sostenible y ciudades cohesionadas; y por último, calidad de vida y participación ciudadana.
El PP otra vez se queda solo
El grupo parlamentario Popular en el Senado ha vuelto a quedarse sólo al ser rechazado su veto en la Comisión de Vivienda, una situación similar a la vivida por el este grupo en el Congreso de los Diputados cuando fue el único partido que se opuso a las medidas a favor de la transparencia y en contra de la corrupción y especulación urbanística.
Novedades
Asismismo, en el debate del Proyecto de Ley de Suelo en la Comisión de Vivienda del Senado se ha visto enriquecida por una enmienda a propuesta del Partido Socialista por la que, en el futuro, "sólo se podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así los justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación."
Es decir, se pretende evitar malas prácticas de desprotección o alteración de espacios naturales provocados por motivos asociados a la especulación urbanística.
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Con la de años que llevamos con esto y parece que nunca se acaba de solucionar. La ministra de vivienda, María Antonia Trujillo, prometió al llegar al cargo una nueva ley del suelo que permitiría abaratar el sector y dinamizar el mercado. Parece que por fin esa ley se está fraguando pero no está exenta de polémica. Tres aspectos han sido los que más discusión han provocado: la reserva obligatoria de un mínimo de terreno para vivienda protegida; las nuevas formas de clasificación del suelo y el aumento de la horquilla de cesión de superficie por parte de las promotoras a las administraciones locales. Antes de ver el texto definitivo no han faltado las voces que ya han anunciado que presentarán un recurso ante el tribunal constitucional. Que el gobierno intente legislar sobre algo que no es competencia suya sino de las comunidades autónomas pone las cosas difíciles al ejecutivo. Los promotores por su parte opinan que hasta que no se acabe con la excepción que supone toda recalificación urbanística el problema persistirá aunque en realidad el obstáculo principal es la financiación de los ayuntamientos: mientras su fuente de financiación más importante sea la recalificación y venta de suelo, no hay nada que hacer. Seguiremos viviendo casos de corrupción urbanística y de aumento constante del precio del suelo. Los consumidores, en cambio, explican que la única salida es que se potencie la constitución de patrimonio público de suelo para garantizar a todos el acceso a una vivienda. La realidad es que a pesar de que el porcentaje de vivienda protegida construida sobre el total aumentó en 2006 y el ministerio está empeñado en llevar a cabo el plan estatal de vivienda 2005-2008, todavía se ve insuficiente que el 14% de la vivienda sea protegida. Y eso que Trujillo pretende que este porcentaje suba hasta el 30%.
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CiU introdujo ayer una serie de enmiendas en el proyecto de la Ley de Suelo, a su paso por la fase parlamentaria de ponencia, orientadas a garantizar la accesibilidad de las viviendas para las personas con discapacidad.
Concretamente, las modificaciones reconocen el ‘derecho del ciudadano a disfrutar de una vivienda accesible’ y a ‘acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso público’.
El portavoz de Vivienda de CiU en el Congreso, Jordi Jané, explicó en un comunicado que ‘estas propuestas prevén la incorporación de normas de accesibilidad universal en la construcción de viviendas, debido a que el derecho de tener una vivienda adecuada se concibe, en los colectivos de personas con discapacidad, únicamente si éstas han sido diseñadas siguiendo los principios de accesibilidad’.
Por otro lado, Jané lamentó la celeridad con la que se ha tramitado el proyecto de ley en su fase de ponencia, ya que el trámite se prolongó poco más de 20 minutos, y calificó el procedimiento de ‘tramitación exprés’.
Por ello, afirmó que no se han podido debatir ‘en profundidad’ las más de 300 enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, ni ha sido posible resolver así ‘la invasión competencial que hace esta ley en materia de suelo’.
En este sentido, el parlamentario catalán sostuvo que el texto deberá ser debatido en profundidad durante su paso por la Comisión y el Pleno del Congreso, antes de su aprobación definitiva, dado que puede tener ‘posibles vicios de inconstitucional’.
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El proyecto de la Ley de Suelo superó ayer el debate de enmiendas a la totalidad presentadas en el Congreso por PP y CiU, gracias al apoyo de PNV, IU-ICV, ERC y PSOE, y después de que BNG retirara en el último momento la suya ante la oferta de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, de llegar a un consenso en materia competencial y en relación a la definición de suelo rural.
En concreto, el proyecto de la Ley de Suelo obtuvo un total 136 votos a favor, 160 en contra y 5 abstenciones, después de que se emitieran 301 votos.
Todas las formaciones, salvo el Grupo Socialista, mostraron su desacuerdo ante la presunta invasión de competencias autonómicas que supone la ley. Por ello, todos los grupos, salvo PSOE y PP, señalaron que decidirán su posición definitiva ante el texto tras el debate de enmiendas parciales. El PSOE ratificó su apoyo al mismo, mientras que el PP confirmó su voluntad de devolver el texto completo.
Las críticas de la mayoría de los grupos al proyecto de ley se centraron, además, en la supuesta inutilidad del proyecto frente a la corrupción urbanística, en la definición de un tope de participación de los ayuntamientos en las plusvalías de las actuaciones urbanísticas, sin que se plantee poder ampliarlas más allá del 20%, y en el régimen de valoración de suelos ante los problemas que ocasionará en las poblaciones agrícolas.
Pese a que Trujillo adelantó en su comparecencia que el proyecto de Ley de Suelo supone un 'marco que coexistirá con los modelos urbanísticos autonómicos', y que supone un 'uso innovador de los títulos competenciales', los grupos centraron sus críticas en una supuesta vulneración de las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
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La nueva Ley del Suelo potenciará las funciones del Fiscal Especial con responsabilidades en Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, según desveló esta semana la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.
Trujillo anunció que las medidas disciplinarias de los ayuntamientos y las acciones subsidiarias de las comunidades autónomas también serán reforzadas de cara a combatir con mayor decisión y eficacia las actuaciones ilegales sobre suelos no urbanizables, zonas verdes y espacios protegidos. El Gobierno propone un escenario de control y sanción que coincide con el destape de tramas de corrupción y edificaciones ilegales que viene copando la actualidad informativa.
