Aifos noticias. Ley de suelo
Con la de años que llevamos con esto y parece que nunca se acaba de solucionar. La ministra de vivienda, María Antonia Trujillo, prometió al llegar al cargo una nueva ley del suelo que permitiría abaratar el sector y dinamizar el mercado. Parece que por fin esa ley se está fraguando pero no está exenta de polémica. Tres aspectos han sido los que más discusión han provocado: la reserva obligatoria de un mínimo de terreno para vivienda protegida; las nuevas formas de clasificación del suelo y el aumento de la horquilla de cesión de superficie por parte de las promotoras a las administraciones locales. Antes de ver el texto definitivo no han faltado las voces que ya han anunciado que presentarán un recurso ante el tribunal constitucional. Que el gobierno intente legislar sobre algo que no es competencia suya sino de las comunidades autónomas pone las cosas difíciles al ejecutivo. Los promotores por su parte opinan que hasta que no se acabe con la excepción que supone toda recalificación urbanística el problema persistirá aunque en realidad el obstáculo principal es la financiación de los ayuntamientos: mientras su fuente de financiación más importante sea la recalificación y venta de suelo, no hay nada que hacer. Seguiremos viviendo casos de corrupción urbanística y de aumento constante del precio del suelo. Los consumidores, en cambio, explican que la única salida es que se potencie la constitución de patrimonio público de suelo para garantizar a todos el acceso a una vivienda. La realidad es que a pesar de que el porcentaje de vivienda protegida construida sobre el total aumentó en 2006 y el ministerio está empeñado en llevar a cabo el plan estatal de vivienda 2005-2008, todavía se ve insuficiente que el 14% de la vivienda sea protegida. Y eso que Trujillo pretende que este porcentaje suba hasta el 30%.
